Human Rights Watch condena abusos, persecución política y censura en Venezuela

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(Nueva York).- Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han empleado fuerza ilegítimamente y cometiendo excesos contra manifestantes en múltiples ocasiones desde el 12 de febrero de 2014, lo cual incluyó golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas, señaló hoy Human Rights Watch.

El gobierno ha censurado a medios de noticias al interrumpir la señal de un canal de televisión por cable y amenazar con perseguir penalmente a medios de comunicación privados por informar sobre los sucesos violentos. El Presidente Nicolás Maduro anunció el 20 de febrero que había comenzado el procedimiento para sacar del aire a CNN en Venezuela y según informó un sindicato de trabajadores de la prensa el 21 de febrero, el gobierno ya habría quitado las credenciales a la corresponsal de CNN en Caracas. Periodistas y defensores de derechos humanos denunciaron haber sufrido actos de violencia e intimidación por parte de agentes o partidarios del gobierno.

‘El gobierno venezolano ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Al menos 3 manifestantes murieron por heridas de bala y decenas han sufrido heridas desde el 12 de febrero.

El gobierno de Maduro ha señalado a líderes de oposición como responsables de la violencia. Leopoldo López, una de las más prominentes figuras de la oposición, fue arrestado el 18 de febrero de 2014 y la justicia dispuso su prisión preventiva el 20 de febrero. También se libró una orden de captura contra Carlos Vecchio, otro líder del partido político de López, según reportes de prensa. El gobierno aún no ha presentado evidencias creíbles que vinculen estos hombres con la comisión de delitos.

Varios gobiernos de América Latina, incluidos Argentina, Bolivia, Cuba y Ecuador, al igual que aliados internacionales como Siria e Irán, han expresado su apoyo al gobierno de Maduro y repudiado los acontecimientos que el gobierno califica de intentos por desestabilizar al país.

‘Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles’, comentó Vivanco.

Las conclusiones de Human Rights Watch sobre los acontecimientos recientes en Venezuela se describen con mayor detalle al final de este comunicado de prensa.

Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes

Human Rights Watch ha recibido múltiples denuncias serias de defensores locales de derechos humanos que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes que no estaban armados desde el 12 de febrero, tanto en Caracas como en otras partes del país.

Un video publicado en Internet por el periódico Últimas Noticias muestra imágenes tomadas en Caracas de policías uniformados y hombres de civil que parecen disparar municiones contra manifestantes que intentan escapar del lugar, entre ellos el joven de 24 años Bassil Da Costa, quien fue captado en el momento preciso en que su cuerpo cae al piso tras sufrir una herida de bala fatal en la cabeza.

El uso de municiones por las fuerzas de seguridad solamente resultaría lícito según el derecho internacional cuando esté dirigido a actores que representen un riesgo inminente para la vida o la integridad de miembros de las fuerzas de seguridad o terceros. Existen grabaciones de video donde se evidencia que manifestantes opuestos al gobierno participan en actos de violencia y vandalismo, como arrojar piedras a policías. Sin embargo, el gobierno no ha mostrado —ni tampoco Human Rights Watch pudo encontrar luego de revisar decenas de videos publicados en línea— imágenes donde se vea a manifestantes opositores que lleven armas de fuego o empleen fuerza letal contra miembros de las fuerzas de seguridad o terceros.

Todas las versiones disponibles de testigos presenciales indican que la gran mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, y que quienes cometieron actos de violencia o vandalismo no llevaban armas de fuego ni utilizaron la fuerza letal contra las fuerzas de seguridad ni terceros.

Diversos defensores locales de derechos humanos también denunciaron que muchos manifestantes han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello examinó más de 90 casos de manifestantes detenidos, entrevistando tanto a los detenidos como a sus familiares, y determinó que muchos habían sufrido abuso físico o amenazas de golpizas o violación sexual por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley.

Todos los manifestantes que hayan participado en violencia o vandalismo deberían rendir cuentas por sus actos, pero en ningún caso es admisible ni lícito que se dispare a personas que no están armadas o se golpee a quienes han sido detenidos.

La respuesta del gobierno

La respuesta inmediata del gobierno de Maduro a la violencia del 12 de febrero fue señalar como responsables a Leopoldo López y otros líderes de oposición. El Vicepresidente Elías Jaua declaró que López era el ‘autor intelectual’ de los asesinatos, y muy poco después un juez dispuso su detención. El gobierno no ha difundido evidencias creíbles para justificar estos señalamientos.

Según reportes de prensa, López se encuentra en prisión preventiva mientras la fiscalía determina si existen pruebas suficientes para acusarlo por diversos delitos, incluido el de ‘instigación a delinquir’ y el de ‘asociación’. La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo define de manera muy poco precisa al delito de ‘asociación’ como ‘formar’ parte de un grupo de delincuencia organizada’, y prevé para este una pena de hasta 10 años de prisión.

También Vecchio está siendo investigado por su presunta responsabilidad en estos delitos, conforme se indicó en los medios. El 20 de febrero, según la prensa, grupos afines al gobierno pidieron a la Asamblea Nacional que levantara la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, una integrante de ese órgano legislativo que mantiene una postura abiertamente crítica frente al gobierno.

El 16 de febrero, después de que Últimas Noticias publicara el video de los disparos contra manifestantes, el Presidente Maduro declaró en cadena nacional que miembros de la policía de inteligencia (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) que se ven en el video no habían respetado su instrucción de acuartelarse el día en que ocurrieron los disparos. El 17 de febrero, según reportes de prensa, un miembro de la policía de inteligencia fue detenido por participar en los eventos del 12 de febrero y el gobierno destituyó al director de esta fuerza. El gobierno no ha indicado que miembros de la policía de inteligencia u otras fuerzas de seguridad estén siendo investigados por abusos contra civiles.

El 18 de febrero, según trascendió en los medios, la Fiscalía General de la República identificó a Jonathan Rodríguez como uno de los hombres no uniformados en el video de Últimas Noticias e indicó que era sospechoso en dos de las muertes por disparos ocurridas el 12 de febrero. En ese momento, las autoridades aún no habían determinado si era miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el video, ninguno de los policías uniformados o guardias nacionales que aparecen en la vía pública próximos a Rodríguez intentó detenerlo cuando disparó su arma, ni impedir que se retire luego de haber disparado.

Grupos de civiles armados afines al gobierno

La organización local de derechos humanos Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha documentado evidencias de que el gobierno de Venezuela ha tolerado y estimulado la presencia de grupos de civiles armados en el país. Estos grupos han intimidado a manifestantes y promovido incidentes violentos durante manifestaciones en distintas regiones del país desde el 12 de febrero, según indica la organización de derechos humanos.

El Presidente Maduro expresó el 15 de febrero que no ‘acept[a] grupos violentos en el campo del chavismo y la Revolución‘ y que solamente las Fuerzas Armadas deberían portar armas de fuego. A pesar de que estos grupos armados de civiles han operado abiertamente durante años, el gobierno no ha adoptado medidas efectivas para desarmarlos.

Según diversos medios, el 18 de febrero ocho manifestantes recibieron disparos, una de ellos con consecuencias fatales, cuando un grupo de hombres vestidos de civil que se trasladaban en motocicletas abrieron fuego contra una manifestación en Valencia.

Defensores de derechos humanos

También diversos defensores de derechos humanos venezolanos han informado actos de intimidación y violencia. Inti Rodríguez, coordinador de medios de Provea, dijo a Human Rights Watch que en la noche del 12 de febrero, cuando salía de su oficina, fue secuestrado por aproximadamente 20 hombres vestidos de negro que tenían el rostro cubierto. Según indicó, fue trasladado en una motocicleta sin placas hasta una zona de Caracas que presuntamente es controlada por grupos armados afines al gobierno. Rodríguez dijo que los hombres lo retuvieron durante dos horas, lo golpearon, amenazaron con matarlo y lo interrogaron acerca del trabajo de derechos humanos que lleva a cabo en Provea. Señaló que los hombres no se identificaron en ningún momento, pero Rodríguez notó que el líder del grupo empleaba lenguaje policial y escuchó conversaciones que sugerían que los hombres estaban en contacto con fuerzas de seguridad.

El 13 de febrero, el Ministro del Interior y Justicia Manuel Rodríguez Torres acusó a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental local que monitorea las condiciones penitenciarias en el país, de organizar un plan para ‘generar ingobernabilidad en todas las cárceles del país y potenciar la matriz de violencia…’. El Ministro Rodríguez Torres afirmó que los sucesos violentos del 12 de febrero fueron el resultado de planes orquestados durante 2012 por Prado y ‘bandas fascistas’ con el propósito de ‘llevar a Venezuela a una guerra civil’.

No es la primera vez que funcionarios gubernamentales procuran desacreditar a Prado acusándolo de intentar socavar la democracia venezolana. Luego de que Prado criticara en junio de 2011 la actuación del gobierno durante un motín en una prisión venezolana, el entonces ministro de justicia lo acusó de intentar ‘desestabilizar el sistema penitenciario’ y el vicepresidente en ese momento afirmó que la crítica era parte de una estrategia para ‘desestabilizar el país’.

Ataques contra periodistas

Diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia relacionados han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno desde el 12 de febrero. Espacio Público, una organización no gubernamental que monitorea la libertad de prensa en Venezuela, ha documentado 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero. Entre estos se incluyen:

  • Rafael Hernández, fotógrafo de la revista Exceso, quien señaló haber sido detenido por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 12 de febrero, luego de tomar una fotografía de un policía mientras golpeaba a una mujer. Hernández fue retenido durante nueve horas y golpeado en varias oportunidades por agentes del CICPC, informó Espacio Público. Su cámara fue confiscada por la policía.
  • Juan Pablo Bieri, periodista colombiano del canal de noticias Red Más Noticias informó haber sido detenido por la Guardia Nacional el 16 de febrero y retenido durante una hora dentro de un vehículo militar, donde fue interrogado y golpeado.
  • Mariana Cadenas, reportera de la agencia internacional de noticias Agence France-Press, indicó a Human Rights Watch que el 12 de febrero un hombre con vestimenta roja le quitó su cámara, en la cual había registrado imágenes de manifestantes mientras eran detenidos y golpeados. El hombre, y otras 10 personas que lo acompañaban, gritaron a la periodista calificativos como ‘fascista’ y ‘golpista’. Dijo que aproximadamente 40 miembros de la Guardia Nacional que se encontraban a unos 30 metros de distancia presenciaron el incidente pero no intervinieron. Cuando les pidió ayuda, uno de ellos se negó, y otro dijo: ‘¿Ustedes no sabían a lo que se iban a enfrentar?’.

Censura de medios de noticias

El 11 de febrero, William Castillo, director de CONATEL, el órgano del Estado que regula a los medios de transmisión, advirtió a los medios de comunicación que la cobertura de incidentes violentos podía importar una violación de la Ley de Responsabilidad Social. Castillo hizo referencia al artículo 27 de la ley, que fue sancionada por la Asamblea Nacional chavista en 2004 y luego reformada en 2010. El artículo otorga al gobierno amplias facultades para sancionar a medios privados que difundan contenidos que, a criterio del gobierno, ‘fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público’, ‘desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas’ o ‘inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas [o] políticas’.

El 12 de febrero, el gobierno dispuso que los proveedores de televisión por cable del país dejaran de transmitir el canal internacional de noticias NTN 24. El Presidente Maduro indicó al día siguiente que la orden había sido una ‘decisión de estado’ en respuesta a la difusión de las protestas por el canal, por considerar que procuró ‘transmitir la zozobra de un intento de golpe’.

El 13 de febrero, el Presidente Maduro dio instrucciones a su Ministra de Comunicaciones e Información Delcy Rodríguez para que ‘tomar[a] medidas’ contra corresponsales de Agence France-Press por haber ‘distorsionado la verdad de los acontecimientos ocurridos el miércoles 12 de febrero’.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano limitó la posibilidad de que los usuarios de Twitter obtuvieran imágenes, conforme señaló un representante de Twitter, Inc. a Bloomberg News.

El 16 de febrero, la Ministra Rodríguez señaló que en la prensa nacional e internacional se habían publicado ‘fotografías manipuladas’ en el marco de la cobertura de la violencia, que esto constituía un delito y que el gobierno ‘tomará acciones judiciales’. Los ejemplos que ofreció incluían el uso de una fotografía de Egipto en un blog del periódico español ABC y el uso de una fotografía de 2010 en un mensaje de Twitter del periódico venezolano Tal Cual para representar los acontecimientos actuales en Venezuela. La ministra también se refirió al uso en el periódico argentino Clarín y el periódico chileno El Mercurio de una imagen de dos policías venezolanos frente a un automóvil en llamas, la cual reconoció que había sido tomada durante las actuales protestas pero, según afirmó, generaban una falsa impresión con respecto a la actuación de los agentes.

El 20 de febrero, el Presidente Maduro anunció que su gobierno había iniciado un proceso administrativo para terminar con la transmisión del canal internacional CNN en Venezuela por la cobertura que realizó de las protestas y la violencia. El 21 de febrero, un sindicato de trabajadores de la prensa reportó que el gobierno había cancelado las credenciales de la corresponsal de CNN en Caracas.

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The prisoners of conscience of Sochi2014

Russian activist Yevgeny Vitishko

The re-arrest today of yet another environmental activist in Russia’s Krasnodar region where the Sochi Winter Olympic Games will open on 7 February, as well as his brief detention along with five colleagues last night, are more evidence of growing efforts to clamp down on civil society ahead of the Games, Amnesty International said.

 Igor Kharchenko of the Russian NGO Environmental Watch for North Caucasus (Ecologicheskaya Vakhta po Severnomu Kavkazu) is currently being held by police in Krasnodar, the regional capital, where they had arrived ahead of the Olympic torch relay. He was arrested today under the pretext that his car had been ‘involved in a crime’, shortly after three masked men had smashed in the front and back windows of the vehicle.

‘Just days away from the official opening of the Sochi Winter Olympics, the Russian authorities are using every trick in the book to muzzle freedom of expression and silence dissenting voices,’ said Sergei Nikitin, Director of Amnesty International’s Moscow Office.

Kharchenko is one of six activists from Environmental Watch who were also detained last night for several hours in Krasnodar before being released. They felt compelled to scrap plans for a Sochi launch of their report exposing environmental damage caused by the construction ahead of the Games.

Their detention came the same day that their fellow environmentalist Yevgeny Vitishko was arrested in the Krasnodar Region city of Tuapse and sentenced to 15 days of administrative detention, purportedly for swearing in public.

‘This spate of harassment of civil society activists bodes ill for the coming weeks, and raises fears that the Sochi Games will be a human rights-free zone. Even more troubling is what will happen to Russian activists after the Olympic medals are handed out and the international attention fades,’ said Sergei Nikitin.

‘Silencing civil society does nothing to increase security around the Sochi Games and instead broadcasts to the world how the Russian authorities are failing spectacularly to uphold and protect international human rights standards.

As the start of the Sochi Winter Olympics comes closer, harassment against civil society activists has intensified, Amnesty International said today after the arrest of an environmentalist for allegedly swearing in public.

Yevgeny Vitishko was arrested today in Tuapse, part of the Sochi area where the Games will take place. He has been reportedly charged with ‘petty hooliganism‘, allegedly for swearing previously at a bus stop. At a court hearing today he was sentenced to 15 days of administrative detention.

‘Vitishko’s name has now become synonymous with harassment of civil society activists in the run-up to Sochi Games. Vitishko and his friends have been trying to expose environmental violations during the preparation of the Sochi Olympics. For this they are being punished. By trying to lock him up as a ‘petty hooligan’ the authorities are trying to gag him,’ said Denis Krivosheev, Europe and Central Asia Deputy Programme Director.

‘The concern is what will happen to civil society after the closure of the Olympics after the international focus moves away.’

Yevgeny Vitishko and his fellow activists have been actively involved in protests regarding the deforestation and illegal construction and fencing in areas of protected forest around Sochi.

In 2012, he received a suspended sentence in connection with an environmental protest. Last December, a court in Tuapse ruled that he should serve three years in prison for violating a curfew associated with the suspended sentence. His appeal hearing was reportedly scheduled for 22 February 2014, but now all information regarding it has been conspicuously removed from the court’s website.

Amnesty International has already raised concern about his unfair trial which resulted in a court decision to send him to prison colony for three years. His arrest comes as he is awaiting his appeal hearing.

Vitishko’s supporters fear that he will be held in custody until the day of his appeal under administrative charges, and then be sent to a prison colony.

Rights groups have accused Russian officials of harassing activists and journalists in the Sochi area, detaining them on trumped-up charges.

The Olympics are projected to cost $51 billion, or more than every other Winter Olympics combined. The high price tag is being blamed on Sochi being extremely ill-suited to host an Olympics and rampant corruption.

On Wednesday, Pussy Riot’s Nadezhda Tolokonnikova and Maria Alekhina were set to make their first public appearance in the United States after being released from a Russian prison (23dec.). They were scheduled to speak at a Brooklyn concert organized by the human rights advocacy group and featuring stars such as Madonna.

Alekhina said she wants Americans to look beyond the grandeur of the projects and buildings of the games.

‘They are foreign objects in Russia,’ she said. ‘The only thing that connects Russia to these objects is taxpayers’ money, which has been stolen and has been used to build these Olympic objects.’

Alekhina called on President Barack Obama to increase pressure on Russia over alleged human rights abuses, and said she and Tolokonnikova are handing over a petition to Putin to help ‘end this bullshit.’

‘Aren’t you sick of it all, Putin?’ Tolokonnikova asked.

International response to prior calls to boycott the games has garnered some largely symbolic gestures. Obama included three openly gay athletes in the official U.S. delegation to the Sochi Winter Olympics in a rebuke of Putin’s anti-gay laws. And Norwegian Health Minister Bent Høie said he is taking his male spouse to the opening ceremony. But twelve peaceful protesters remain incarcerated after police arrested them at the anti-Putin demonstrations in Moscow two years ago, the pair from Pussy Riot said.

Now that the band is an icon for the struggle against human rights abuses in Putin’s Russia, the two women said it will also act for the rights of prisoners in the United States.

Tolokonnikova and Alekhina said they plan to visit prisons and meet with nonprofit organizations to learn about the issue of solitary confinement in the U.S. ‘We’re very interested in the fact of how NGOs (nongovernmental organizations) in the U.S. work and collaborate with penitentiary institutions,’ Alekhina said. ‘One of our main goals is to exchange experience.’

‘Pussy Riot inspired a new generation of activists around the world, Samir Goswami, managing director of the Amnesty International USA program Individuals and Communities at Risk said, adding that their supporters followed in the footsteps of those who helped Amnesty International obtain the release of some 44,000 prisoners since its international inception in 1961.

‘Pussy Riot were street performers,’ he said. At the subway, on the streets, they would call on people to take their rights seriously. ‘There are street performers in the U.S. whom we pass every day, but we don’t realize that they can help elevate human rights to the global conversation.’

‘They found a lot of support from folks in the U.S., especially from Russia’s diaspora community in Brooklyn, who called passionately for their release,’ Goswami said. ‘But they’re also learning about the prison conditions in the U.S. and plan on doing some research here.’

Kremlin Suspends Questioned Reform of Wildlife Reserves. Russian President Vladimir Putin ordered to amend recent environmental legislation that critics said could allow for real estate development in Russia’s protected territories. A law passed in December allows for the downgrading of any of the 102 Russian wildlife reserves to natural parks, where construction is permitted under certain conditions.

The law, which passed quickly through parliament, caused outcry from eco-activists, who said it could be exploited to build commercial real estate in wildlife reserves.

Krasnodar is a city located in the Southern Russia based on the Kuban River situated 80 kilometers away to the North East of the Black sea port. The prevailing political stability and the numerous administrative efforts taken by the regional administration has made the Krasnodar region one of the most favorable investment destinations in Russia.

More than 60 countries have investment cooperation in this region and 773 companies having foreign capital are already part of the regions economy. Majority of the FDI coming in this region is mainly concentrated on food industries, woodworking and fuel.

To finance venues and apartments in the Caucasus Mountains and along Sochi’s coast, state-owned Vnesheconombank, known as VEB, lent $7.4 billion to a who’s who of Russia’s elite. Among the biggest loan recipients are companies controlled byVladimir Potanin, chief executive of OAO GMK Norilsk Nickel, the world’s largest nickel producer. Joining him are Oleg Deripaska, chief executive of United Co. Rusal, the No. 1 aluminum company; Alexey Miller, chief of state-controlled gas provider OAO Gazprom; and German Gref, chief of state-controlled OAO Sberbank, Russia’s largest bank.


http://www.amnesty.org/

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Wikipedia strike: in Russia per 24 ore, la libera enciclopedia manifesta contro la restrizione dei contenuti

Russia: Wikipedia strike per 24 ore, la libera enciclopedia manifesta contro la restrizione dei contenuti. Sciopero di 24 ore per la sezione sovietica di Wikipedia contro un progetto di legge che vuole creare una lista nera di tutti i siti con contenuti vietati.

Bannati, out, fuori dunque dalla grande enciclopedia del web ogni materiale pedo pornografico o vicino soltanto all’estremismo politico.

La versione in cirillico della più grande enciclopedia online sospenderà la sua attività per 24 ore contro una  legge sostenuta da tutti e quattro i partiti che siedono in Cremlino.

Una proposta, la Stop Online Piracy Act (SOPA) per gli americani, che ha però suscitato le critiche dei difensori dei diritti umani e dei provider Internet, secondo i quali si tratta di un tentativo di censura del web russo.

Tra gli oppositori alla proposta si trovano anche AmazonMicrosoftGoogleYahoo!FacebookTwitterAOLLinkedIn, la Blender FoundationeBay, la Mozilla Foundation, la Wikimedia Foundation, la Free Software Foundation di Richard Stallman, la Creative CommonsSpartz Media e varie organizzazioni per i diritti umani come Reporter Senza Frontiere, l’Electronic Frontier Foundation, l’American Civil Liberties UnionAvaaz.org e Human Rights Watch.

Qualche giorno fa, come succede per qualsiasi notizia o fatto di cui si torna ciclicamente a parlare e discutere, Wikipedia è stata nuovamente al centro del ciclone parlando di copyright relativo alle pellicole hollywoodiane. Jimbo Wales in persona, fondatore di Wikipedia, si è esposto per il caso di Richard O’Dwyer, ventiquattrenne inglese a rischio estradizione negli USA ( un po’ come l’ideatore della condivisione in streaming su Megaupload tutt’ora sottoprocesso) per rispondere a un’accusa di violazione del copyright.

O’Dwyer è uno studente della Sheffield Hallam University, ma è anche il creatore di TVShack, un sito pensato, prima ancora che venisse  sequestrato secondo volere dello US Immigration and Customs Enforcement – per vedere film e telefilm completi (anche prodotti in America). Una specie di motore di ricerca dei link a cui andare per poter vedere un film gratis.

Storia e curiosità di Wikipedia

Jimmy Donal Wales, detto Jimbo (Huntsville8 agosto 1966), è un imprenditore statunitense, noto per essere uno dei fondatori del progettoWikipediaWikipedia è un’enciclopedia online a contenuto libero nata il 15 gennaio 2001. Tra i suoi principi ci sono il punto di vista neutrale e il rispetto del copyright

L’anno del creative commons è il 2009. Il 15 giugno, dopo una consultazione aperta a tutte le comunità dei progetti gestiti dalla Wikimedia Foundation, il Board of Trustees approva la risoluzione e aggiunge la licenza libera Creative Commons Attribution-ShareAlike[25] (CC-BY-SA) alla GNU Free Documentation License. Questo permette un più agevole interscambio di contenuti con le innumerevoli realtà della rete, grazie anche a una più assidura diffusione delle licenze CC.

La versione più ricca è quella inglese. Il 17 agosto  2009 Wikipedia in inglese supera i 3 milioni di voci. Tra tutte le edizioni le voci sono circa 13 milioni. Il 28 agosto Wikipedia in italiano supera le 600.000 voci (sesta edizione per numero di voci)

Nel mese di marzo di quest’anno, Wikipedia in italiano supera le 900.000 voci. Il 20 aprile 2012 l’utente Koavf ha raggiunto quota un milione di modifiche è il primo e finora l’unico a riuscirci in tutta la storia di wikipedia.

Da sesto più cliccato al mondo ai palazzi del potere

A marzo scorso su Twitter, Tim Kelsey, direttore esecutivo del governo inglese per la trasparenza e l’open data  annuncia che si affiderà a Jimmy Donal Wales. L’imprenditore americano, 45 anni, da quest’anno farà da consulente, non retribuito e senza una scadenza temporale, per tutte le questioni che riguardano l’accesso alle informazioni, la comunicazione delle decisioni del governo e la partecipazione dei cittadini.

Obiettivo dichiarato di Downing Street è trasformare le comunicazioni governative da statiche a dinamiche e partecipative. Con un  risparmio previsto di 50 milioni di sterline all’anno, una comunicazione più efficace e un ritorno di immagine enorme per Cameron e i suoi aiutanti.

Blocco di Wikipedia

In Cina

Wikipedia è stata bloccata dalla Repubblica Popolare Cinese più volte. I blocchi più importanti sono stati effettuati nel giugno 2004, quando l’accesso agli utenti cinesi di Wikipedia residenti a Pechino è stato bloccato per il quindicesimo anniversario della manifestazione di piazza Tiana nmen. Il blocco è durato un giorno esatto. Nel settembre 2004: blocco per qualche giorno nella Cina continentale a causa dell’isolamento geografico della regione. E ancora nell’ottobre 2005, fino all’ottobre 2006, alcuni utenti possono effettuare l’accesso a Wikipedia in cinese, mentre en.wikipedia è bloccata. Vi sono periodi di ripresa e poi di nuovo di blocco.

In Iran

L’accesso alla Wikipedia persiana è stato bloccato dal governo per due o tre giorni nel 2005 a causa di voci considerate diffamatorie nei confronti dello stato.

In Tunisia

Wikipedia e tutti i siti della Wikimedia foundation sono stati bloccati in Tunisia il 23 e il 27 novembre 2006, per cause ancora da chiarire.

Sostegno alla protesta di Wikipedia in lingua russa

Image representing Wikimedia Foundation as dep...

Image via CrunchBase

Wikipedia in lingua italiana approva ed esprime solidarietà verso la protesta dei colleghi dell’edizione in lingua russa contro una proposta di legge in discussione alla Duma di Stato. Tale proposta di legge, se approvata, permetterebbe al governo russo di creare una blacklist per impedire l’accesso a determinati siti internet, al pari del Great Firewall cinese.

Il 10 luglio l’edizione in lingua russa di Wikipedia rimarrà oscurata, a seguito della decisione della comunità di protestare contro le modifiche proposte alla legge ‘On Information‘, attualmente in discussione alla Duma di Stato della Federazione russa.

Tale legge, se approvata, può costituire la base per realizzare una vera e propria censura su Internet, mediante la creazione di liste e il conseguente filtraggio di indirizzi IP e siti vietati. I lobbisti e gli attivisti che supportano il decreto sostengono che esso sia diretto solamente a colpire contenuti quali la pornografia infantile e simili, ma l’arbitrarietà nella determinazione di tali contenuti prevista da questa legge porterà alla creazione dell’equivalente russo del Great Firewall cinese. Sarebbe quindi altamente probabile il realizzarsi dello scenario peggiore, in cui l’accesso a Wikipedia sarebbe reso impossibile in tutto il paese.

L’11 luglio verrà discussa alla Duma la seconda lettura di questa legge, mentre l’entrata in vigore è prevista dopo la terza lettura, per la quale non è stata ancora definita una data.

https://cookednews.wordpress.com/2012/07/05/acta-no-del-parlamento-europeo-al-trattato-sulla-contraffazione-e-la-proprieta-intellettuale-su-internet/

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